Un juez federal en Washington desestimó una demanda por difamación presentada por el influencer enfocado en XRP, Jake Claver, contra el creador de contenido Zach Rector el 2 de septiembre.
El tribunal decidió que los videos de Rector de 2025 sobre los negocios de Claver no contenían declaraciones falsas que pudieran considerarse difamación.
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Today, the U.S. District Court for the Western District of Washington granted my motion under Washington's Uniform Public Expression Protection Act, dismissing the existing lawsuit brought against me by Jake Claver. The Court found no actionably false statement in my videos and…
— Zach Rector (@ZachRector7) September 2, 2026
¿Qué referenciaban los videos de Rector？
La demanda rechazada se centraba en tres videos que Rector publicó, dondealegaba mala conducta relacionada con Digital Ascension Group y Digital Wealth Partners de Claver, según reportes en X. Esos videos se basaban directamente en confesiones hechas por el propio Claver en una demanda aparte en Nueva York, presentada por el procesador de pagos Verivend Inc.
En ese caso, Claver reconoció haber fabricadocorreos electrónicos, comprobantes de transferencias bancarias y una captura de pantalla del dashboard de wallet de Verivend mostrando un saldo falso superior a 1 millón de dólares, según documentos judiciales.
Los expedientes judiciales también muestran que Jake Claver admitió hacerse pasar por empleados de Verivend en varias ocasionespara crear hilos de correos electrónicos falsos.
La jueza Kymberly K. Evanson concedió la moción de Rector bajo la Ley Uniforme de Protección de la Expresión Pública de Washington, la ley anti-SLAPP del estado diseñada para proteger el discurso sobre temas de interés público.
“Puede que no estemos siempre de acuerdo, pero que Jake Claver demande a Zach Rector, también voz de la comunidad XRP, convirtiendo la crítica a predicciones de precios en una pelea federal de 30 millones de dólares, solo para que le digan que el discurso estaba protegido, dice más sobre el demandante que sobre los videos…”, dijo una usuaria en X.
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Demanda por difamación de influencer de XRP desestimada bajo la ley anti-SLAPP. Fuente: X/@SugarXRPL
El tribunal desestimó todas las reclamaciones de Claver, incluyendo difamación, interferencia ilícita, conspiración e incumplimiento de contrato, sin perjuicio. Evanson también determinó que Rector tiene derecho a recuperar los honorarios de sus abogados y los costos legales. Claver tiene hasta el 23 de septiembre para presentar una demanda enmendada.
Rector confirmó directamente la decisión judicial, afirmando que el tribunal no encontró ninguna declaración falsa en sus videos y que tiene derecho a recuperar sus honorarios porque la demanda de Claver iba en contra de su derecho a la libertad de expresión sobre un tema de interés público.
Un patrón conocido en casos de difamación en el sector cripto
No es la primera vez que la demanda por difamación de un destacado influencer del sector cripto contra un crítico fracasa. En 2022, Ben Armstrong, fundador de BitBoy Crypto, demandó al youtuber Erling Mengshoel Jr., conocido como Atozy, por un video que lo acusaba de promocionar un token fallido.
Armstrong retiró voluntariamente el caso en pocas semanas después de que Atozy recaudara más de 200.000 dólares en defensa legal,ante una oleada de rechazo público. A diferencia del caso de Claver, ningún juez dictó sentencia, así que no se estableció un precedente legal formal.
BitBoy suing “Atozy” for defamation due to Youtube videos calling him a scammer, Claiming damages in excess of $75k and emotional distress pic.twitter.com/6t45FXivjp
— db (@tier10k) August 16, 2022
Aun así, ambos episodios muestran una dinámica que se repite en el sector cripto: las demandas por difamación contra críticos directos suelen tener dificultades para superar el escrutinio público y legal, y a menudo terminan siendo retiradas o desestimadas en vez de ganadas por el demandante.
La resolución generó una fuerte reacción en la comunidad XRP en línea, y varios observadores la describieron como una clara reivindicación de las investigaciones de Rector y una advertencia contra el uso de demandas por difamación para intentar silenciar críticas en el sector.